La DGA de Aragón adjudica más presupuesto del tiene, a la empresa Inaer imputada para la extinción de incendios forestales. Le adjudica por más de 9 millones de euros ¿Cuanto más es de 9 millones de euros? Cogeremos de los más de 16 millones de euros que tenemos para la prevención y repoblación. ¿Como pagaremos a los Bomberos y Retenes y la prebenda de los funcionarios enviciados? ? Si malgastamos los 26 millones de euros de extinción y prevención?. Como el año 2015 en la falacia del incendio premeditado de las Cinco Villas, que casi nos gastamos los 26 millones de euros.
Presumiblemente se está cometiendo la mayor estafa del último Siglo en los incendios forestales. Mas grande que los ERES o la GURTEL.
Todo esto lo deberían investigar la Unidad Central Operativa (UCO) y Udef) como lo hizo en junio del 2015 la UDEF.
Como las cosas se complican cada día más, también debería intervenir La Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) que es el órgano central del servicio de la Policía Judicial de la Guardia Civil en España donde debería investigar a Políticos y responsables (funcionarios) del Ministerio de Medio Ambiente. Posiblemente hay muchos implicados en el Ministerio y en todas y cada Autonomía de España.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, debería volver a investigar a los responsables de las adjudicaciones directos e indirectos implicados en el tema de estos contratos de la Autonomía de Aragón y de todas las de España, como ya lo hizo en la Comunidad Valenciana, Baleares,Castilla y León, Castilla-La Mancha,Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón en junio del 2015. Presumilbemente, son muchos desde pirómanos hasta los responsables de las estructuras, mediante la falacia de los hidroaviones y el prender fuego en las extinciones. No para apagar, si no, para que se queme más extensión de monte. Presumiblemente por un lado apagan y por otro prenden.
INVESTIGACIÓN
Trampas en el negocio del fuego
· Los regalos a Castellano revelan un cártel para repartirse contratos en España y Portugal
· La red de mordidas en contratos de extinción de incendios se habría repartido concursos
· Las empresas pactaban precios bajos mediante el soborno a funcionarios
El ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, el día de su detención. BIEL ALIÑO
ESTEBAN URREIZTIETAMadrid
Actualizado:07/06/2015 02:06 horas
La trama de Serafín Castellano es mucho más que un rifle o una batida de perdices. Según los datos recopilados por EL MUNDO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional investiga una supuesta red internacional de mordidas en contratos relacionados con la extinción de incendios forestales.
Los integrantes se habrían repartido todos los concursos públicos de España y Portugal pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.
En la Comunidad Valenciana y Cataluña sólo se presentaba Avialsa, la empresa de Vicente Huerta, el amigo del ex delegado del Gobierno en Valencia. El propio Huerta admitió estos días, en una comparecencia pública, que su empresa era la única que se presentaba al concurso en esta región. Castellano habría estado al corriente de todo pues así se lo habrían comunicado en las cacerías de Manzanares. Avialsa siempre ganaba en estos territorios porque ninguna otra empresa se presentaba, no les interesaba. Ahora la Udef investiga el por qué a la vista de los indicios aportados a la investigación.
El rifle y las cacerías que disfrutó durante años el ex conseller sólo ha sido la rejilla por la que se asomó la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada cuando abrió diligencias de investigación penal en octubre. Las declaraciones de Antonio Alandí,el ex gerente que denunció la red, ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, han permitido constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales crearon una red para alterar o influir en el precio de las adjudicaciones al menos en España y Portugal.
Según fuentes de la investigación, en los últimos meses las diligencias de la Udef habrían confirmado que las empresas solicitaban dádivas a cambio de no pisar el negocio al otro. Un chollo teniendo en cuenta que el fuego es un negocio, que ardan los bosques es una oportunidad de crecimiento para estas empresas.
Al parecer, la Policía sospecha que la trama actuaba como un monopolio, sus integrantes se concertaban entre sí como en un reino de taifas y nadie se presentaba a un concurso en territorio del otro.Huerta habría dirigido la rama de Valencia y Cataluña, e informó del reparto a Castellano en una de las cacerías celebradas en la provincia de Albacete, según trasladó a la Fiscalía Alandí, contra quien Avialsa ha interpuesto una querella por estafa. Hay al menos ocho comunidades autónomas implicadas. Se trata de Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón.
Alandí aportó a los investigadores abundante documentación sobre la ausencia de competencia entre empresas cuya autenticidad ya habría acreditado la Policía. Entre esa documentación destacanvarios correos electrónicos que apuntan a pactos de no competencia entre empresas del sector que desde hace años llevan actuando en el mercado de manera concertada y repartiéndose el mercado por áreas de influencia. Entre las mercantiles salpicadas por la trama, además de Avialsa, está Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o Trabajos Aéreos Espejo. Todas estas empresas pertenecen a la Asociación AECA-Asociación Española de Compañías Aéreas, y están dedicadas al sector de la aviación, prestando sus servicios en los ámbitos comercial, agrícola o de protección civil. Las empresas redactaban hasta actas donde quedaba plasmado por escrito esta práctica ilícita.
Concursos públicos con ofertas 'cebo'
Correos electrónicos. El testigo que desveló el presunto fraude aportó a la investigación correos electrónicos de 2009 y 2010, en los que los empresarios bajo sospecha diseñan la estrategia para llevarse un concurso público de Portugal. Pactan presentar una oferta cebo para controlar los precios. Vicente Huerta, el amigo de Serafín Castellano, habría sido uno de los ideólogos. Las empresas redactaban actas de las reuniones que celebraban en Ciudad Real. El ex delegado del Gobierno en Valencia estaría al corriente de todo, según la investigación.
Entre los correos que custodia la Policía destaca uno que remite Huerta al resto de empresarios, en 2009, bajo el asunto «Portugal» en el que plantea la intención de convencer a otra empresa para que se sume al grupo. «Amigos todos. Tras la reunión ayer en Madrid referente al concurso en Portugal, paso a resumir lo que pensamos que debe hacerse. Contactar con Ribeiro para ofrecerle entrar con nosotros [...] Recopilar toda la información de aviones y empresas para presentarla al concurso con o sin Ribeiro [...] Los detalles de nuestra oferta dependerán de que tengamos enemigos [Ribeiro] o no, y pueden ser comentados entre nosotros a última hora antes de presentar», dice el amigo de Castellano en su correo.
La propuesta recibe múltiples respuestas, algunas empresas «no están por la labor» de acudir al concurso de Portugal de 6 Air Tractor, publicado en febrero de 2009. El grupo organizó otra cacería en Manzanares donde diseñó la operación a seguir e informó de todos los concursos de aviones que habían salido publicados por el Gobierno luso.
En otro de los correos aportados a la causa, esta vez del año 2010, los empresarios investigados trasladan a Avialsa que «nos parece correcta la estrategia para Portugal ya comentada en la reunión de Manzanares. En cuanto a los precios consideramos que la oferta cebo, por si tiene acceso a ella la competencia, tendría que ser más elevada (380.000 euros - 390.000 euros) para que la diferencia con la definitiva sea más grande. Saludos». Incluso plantean los «valores añadidos» que deben plantear para «marcar diferencias» y evitar ser delatados.
Algunos organismos han mantenido sospechas sobre la coincidencia entre los precios ofertados por la licitante y el licitador, tal y como refleja un estudio realizado por el Observatorio de Contratación pública, de la Escuela de Relaciones laborales de la Universidad Complutense de Madrid que también está en poder de la Fiscalía. En dicho informe se analizan varios supuestos de contratos sospechosos como fue la adjudicación del contrato de prevención de incendios a Avialsa por la Consellería de Gobernación de la Comunidad Valenciana para los ejercicios 2004 y 2005.
Los expertos cuestionan la coincidencia de precio entre licitación y oferta, el importe del contrato y que no fuera la Conselleria de Medio Ambiente la que tutelara el procedimiento administrativo.
Los empresarios, pues, se habrían agrupado como en una gran familia o sociedad, que durante años se habría dedicado en exclusiva a este fin. En Valencia, Huerta tenía a su disposición al alcalde de Quartell y su número dos, Francisco Huguet y Emilio Máñez, personas de la máxima confianza de Castellano dentro y fuera del PP.
Huguet incluso fue apoderado de Avialsa a petición de Castellano, según los testimonios. Se investigan sobornos y regalos de todo tipo: desde el pago de trofeos de caza -cuernos o piezas disecadas- hasta entregas de dinero en efectivo -alguna podría haber ido dirigida al partido-.
El propio Huerta admitió ante la juez de guardia que le interrogó quehacía regalos en Navidad a funcionarios y políticos. Era lo habitual, una costumbre, dijo. Todo apunta a que esta práctica se repitió en varias comunidades autónomas.
La investigación que dirige Anticorrupción es muy amplia y se completará con una segunda fase. Ahora la causa ha caído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, pero es más que probable que avance hacía otros órganos judiciales por las ramificaciones. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, delito fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y alteración de precios en concursos y subastas públicas, éste último castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses. Esta práctica, la de concertar precios ofertadas en concursos públicos, suele ser castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero al apuntar la investigación a otros delitos como el cohecho o el blanqueo de capitales se instruye por la vía penal en base al artículo 262 del Código Penal.
El viernes pasado la Udef detuvo a nueve personas, incluido al ex delegado del Gobierno en Valencia, y practicó 13 registros, según informó el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. La juez de guardia también tomó declaración a un preso de la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Según fuentes cercanas al caso, los agentes habrían encontrado documentación reveladora sobre el modus operandi de la red, incluso más de la que esperaban.
Los delitos que se investigan son muy graves, de ahí que la Policía actuara de oficio para evitar la destrucción de pruebas o salidas del país. El cohecho es el delito que parece que más preocupa a Huerta o a Castellano. Ambos, en varios comunicados emitidos en los últimos días, han puesto el foco sobre él en relación a estos hechos, pero todo apunta a que al final será lo de menos.
EL TESTIGO, DE DENUNCIANTE A QUERELLADO
La defensa de Francisco Antonio Alandí, el ex gerente de Avialsa que destapó a la Fiscalía las trampas en el negocio del fuego, ha pedido al juzgado que archive la querella que presentó Vicente Huerta contra su cliente por un delito de estafa. Alandí, a través de su abogado, ha subrayado al juez que «se han practicado ya las diligencias que resultan esenciales para una adecuada formación de la convicción judicial, pudiéndose adoptar con fundamento la resolución de archivo de la causa, por su manifiesta falta de relevancia penal».
56 comentarios
EL_CID
08/06/2015 09:02 horas
Están muy ocupados gastándose el dinero de los ciudadanos. Hinchando presupuestos, pagando mordidas, amañando concursos, incumpliendo los contratos, abaratando costes, echando a trabajadores, no reponiendo el material, etc. Hacen todo lo posible para ahorrarse hasta el último céntimo en detrimento del servicio y de los trabajadores. Incumpliendo los pliegos de condiciones y los convenios colectivos. Son una lacra para la sociedad. La única forma de acabar con esto es que éstos servicios debían ser públicos. Gestionados, administrados y ejecutados por la propia administración sin que estos parásitos puedan participar de ningún modo.
EL_CID
08/06/2015 08:42 horas
#59 #60 #61 A las empresas concesionarias de servicios contra incendios NO les hace falta provocarlos. Perdonadme pero es una insensatez. En España NO hace falta provocarlos. Todos los años se queman nuestros bosques debido en su mayor grado a la temeridad de personas que queman para limpiar sus fincas o restos de poda muy cerca del monte y se les descontrola. No se puede quemar en épocas de peligro alto (mayo-octubre) a menos de 400m del monte. Y fuera de este periodo en estos sitios hay que tomar muchas precauciones (ausencia de viento, limpiar la zona próxima al monte y quemar por puntos para tener un control sobre el fuego). También ocurren accidentes, naturales o artificiales como las torres eléctricas. Y desaprensivos que quieren hacer daño o pirómanos en menor número. Detesto a estos corruptos tanto como vosotros pero ellos no provocan el fuego seguro.
Manuel Gomez erlg
08/06/2015 01:36 horas
Y viendo los millones que mueven los incendios los vamos a dejar en manos del destino?. Aquí tenemos el por qué de tanto incendio, y casualmente las zonas mas castigadas son aquellas donde mas dinero se mueve. Si no arde las dotaciones no se mueven, los hidro no consumen horas de vuelo, etc, etc.
EL_CID
07/06/2015 23:10 horas
Esto no es un caso aislado. Esto pasa en todas partes pero se ha destapado en Valencia. Que revisen los concursos públicos sobre incendios de todas las autonomías. Se van a llevar una sorpresa. Y no solo en incendios, este país está podrido. No va a ser fácil extirpar el cáncer de la corrupción. Estos servicios están subvencionados por la UE. Algo tendrán que decir al respecto y depurar responsabilidades. Los servicios públicos deben ser públicos y no negocietes chachis para amiguetes forrados. Hay que acabar con esta lacra
