Quince años llevo denunciando la corrupción encubierta en los incendios forestales, hasta ahora no se había conseguido que la policía judicial (Udef) actuara. Más vale tarde que nunca. Enhorabuena a la policía judicial.
Dentro de estas empresa que operan por ocho comunidades según anticorrupción son: Las Comunidades de Aragón, Extremadura, Comunidad Valencia, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Canarias. Sin contar Asturias y Cantabria.
Las comunidades mas endeudadas son las que presumiblemente más incendios han provocado en el transcurso de estos últimos 35 años.
No crean, que porque la Policía Judicial este encima de pirómanos y empresas de extinción no habrá incendios forestales. Esta lacra es muy difícil de extinguir, ya que son escurridizos por tener practica en esta clase de delincuencia y muy bien asesorados por gabinetes jurídicos. Solamente se
conseguiría, cambiando todo el sistema de adjudicación. Nuevas empresas, de gestión de hidroaviones y bomberos, controladas por un Estado serio y honrado.
Tengo noticias según radio Onda Cero, la ley forestal pasara al mando de los bomberos forestales. es una ley premeditada y muy perjudicial para la fauna y la flora. Espero no entre en vigor,
1.
España
o Alicante
INVESTIGACIÓN
Trampas en el negocio del fuego
·
Los regalos a Castellano revelan un cártel para repartirse contratos en
España y Portugal
·
La red de mordidas en contratos de extinción de incendios se habría
repartido concursos
·
Las empresas pactaban precios bajos mediante el soborno a funcionarios
El ex
delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, el día de
su detención. BIEL ALIÑO
ESTEBAN
URREIZTIETAMadrid
Actualizado:07/06/2015 02:06 horas
La trama de Serafín Castellano es mucho más que un rifle o una
batida de perdices. Según los datos recopilados por EL MUNDO, la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional investiga una
supuesta red internacional de mordidas en contratos relacionados con la
extinción de incendios forestales.
Los integrantes se habrían repartido todos los
concursos públicos de España y Portugal pactando precios bajos para compartir
más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país,
funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.
En la Comunidad Valenciana y Cataluña sólo se presentaba Avialsa, la empresa de Vicente Huerta, el amigo del ex delegado del Gobierno
en Valencia. El propio Huerta admitió estos días, en una comparecencia pública,
que su empresa era la única que se presentaba al concurso en esta región.
Castellano habría estado al corriente de todo pues así se lo habrían comunicado
en las cacerías de Manzanares. Avialsa siempre ganaba en estos
territorios porque ninguna otra empresa se presentaba, no les interesaba.
Ahora la Udef investiga el por qué a la vista de los indicios aportados a la
investigación.
El rifle y las cacerías que disfrutó durante años el ex conseller sólo ha
sido la rejilla por la que se asomó la Fiscalía especial contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada cuando abrió diligencias de investigación penal en
octubre. Las declaraciones de Antonio Alandí,el ex gerente que
denunció la red, ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, han permitido
constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios
forestales crearon una red para alterar o influir en el precio de las
adjudicaciones al menos en España y Portugal.
Según fuentes de la investigación, en los últimos meses las diligencias de
la Udef habrían confirmado que las empresas solicitaban dádivas a cambio
de no pisar el negocio al otro. Un chollo teniendo en cuenta que el
fuego es un negocio, que ardan los bosques es una oportunidad de crecimiento
para estas empresas.
Como un monopolio
Al parecer, la Policía sospecha que la trama actuaba como un monopolio, sus
integrantes se concertaban entre sí como en un reino de taifas y nadie se
presentaba a un concurso en territorio del otro.Huerta habría dirigido
la rama de Valencia y Cataluña, e informó del reparto a Castellano en una de
las cacerías celebradas en la provincia de Albacete, según trasladó a la
Fiscalía Alandí, contra quien Avialsa ha interpuesto una querella por estafa.
Hay al menos ocho comunidades autónomas implicadas. Se trata de Comunidad Valenciana,
Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y
Aragón.
Alandí aportó a los investigadores abundante documentación sobre la
ausencia de competencia entre empresas cuya autenticidad ya habría acreditado
la Policía. Entre esa documentación destacanvarios correos electrónicos que apuntan a
pactos de no competencia entre empresas del sector que desde hace años
llevan actuando en el mercado de manera concertada y repartiéndose el mercado
por áreas de influencia. Entre las mercantiles salpicadas por la trama, además
de Avialsa, está Faasa
Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o
Trabajos Aéreos Espejo. Todas estas empresas pertenecen a la Asociación
AECA-Asociación Española de Compañías Aéreas, y están dedicadas al sector de la
aviación, prestando sus servicios en los ámbitos comercial, agrícola o de
protección civil. Las empresas redactaban hasta actas donde quedaba plasmado
por escrito esta práctica ilícita.
Concursos
públicos con ofertas 'cebo'
Correos electrónicos. El testigo que
desveló el presunto fraude aportó a la investigación correos electrónicos de
2009 y 2010, en los que los empresarios bajo sospecha diseñan la estrategia
para llevarse un concurso público de Portugal. Pactan presentar una oferta cebo
para controlar los precios. Vicente Huerta, el amigo de Serafín Castellano,
habría sido uno de los ideólogos. Las empresas redactaban actas de las
reuniones que celebraban en Ciudad Real. El ex delegado del Gobierno en
Valencia estaría al corriente de todo, según la investigación.
Entre los correos que custodia la Policía destaca uno que remite Huerta al
resto de empresarios, en 2009, bajo el asunto «Portugal» en el que plantea la
intención de convencer a otra empresa para que se sume al grupo. «Amigos todos.
Tras la reunión ayer en Madrid referente al concurso en Portugal, paso a
resumir lo que pensamos que debe hacerse. Contactar con Ribeiro para ofrecerle
entrar con nosotros [...] Recopilar toda la información de aviones y empresas
para presentarla al concurso con o sin Ribeiro [...] Los detalles de
nuestra oferta dependerán de que tengamos enemigos [Ribeiro] o no, y
pueden ser comentados entre nosotros a última hora antes de presentar», dice el
amigo de Castellano en su correo.
La propuesta recibe múltiples respuestas, algunas empresas «no están por la
labor» de acudir al concurso de Portugal de 6 Air Tractor, publicado en febrero
de 2009. El grupo organizó otra cacería en Manzanares donde diseñó la operación
a seguir e informó de todos los concursos de aviones que habían salido publicados
por el Gobierno luso.
En otro de los correos aportados a la causa, esta vez del año 2010, los
empresarios investigados trasladan a Avialsa que «nos parece correcta la
estrategia para Portugal ya comentada en la reunión de Manzanares. En cuanto a los
precios consideramos que la oferta cebo, por si tiene acceso a ella la
competencia, tendría que ser más elevada (380.000 euros - 390.000 euros)
para que la diferencia con la definitiva sea más grande. Saludos». Incluso
plantean los «valores añadidos» que deben plantear para «marcar diferencias» y
evitar ser delatados.
Precios concertados
Algunos organismos han mantenido sospechas sobre la coincidencia entre los
precios ofertados por la licitante y el licitador, tal y como refleja un
estudio realizado por el Observatorio de Contratación pública, de la Escuela de
Relaciones laborales de la Universidad Complutense de Madrid que también está
en poder de la Fiscalía. En dicho informe se analizan varios supuestos de
contratos sospechosos como fue la adjudicación del
contrato de prevención de incendios a Avialsa por la Consellería de Gobernación de la Comunidad
Valenciana para los ejercicios 2004 y 2005.
Los expertos cuestionan la coincidencia de precio entre licitación y
oferta, el importe del contrato y que no fuera la Conselleria de Medio Ambiente
la que tutelara el procedimiento administrativo.
Los empresarios, pues, se habrían agrupado como en una gran familia o
sociedad, que durante años se habría dedicado en exclusiva a este fin. En Valencia,
Huerta tenía a su disposición al alcalde de Quartell y su número dos, Francisco Huguet y
Emilio Máñez, personas de la máxima confianza de Castellano dentro y fuera del PP.
Huguet incluso fue apoderado de Avialsa a petición de Castellano, según los
testimonios. Se investigan sobornos y regalos de todo tipo: desde el pago de
trofeos de caza -cuernos o piezas disecadas- hasta entregas de dinero en
efectivo -alguna podría haber ido dirigida al partido-.
El propio Huerta admitió ante la juez de guardia que le interrogó quehacía regalos en
Navidad a funcionarios y políticos. Era lo habitual, una costumbre, dijo.
Todo apunta a que esta práctica se repitió en varias comunidades autónomas.
La investigación que dirige Anticorrupción es muy amplia y se completará
con una segunda fase. Ahora la causa ha caído en el Juzgado de Instrucción
número 2 de Sagunto, pero es más que probable que avance hacía otros órganos
judiciales por las ramificaciones. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, delito
fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación
y alteración de precios en concursos y subastas públicas, éste último
castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses. Esta
práctica, la de concertar precios ofertadas en concursos públicos, suele ser
castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
pero al apuntar la investigación a otros delitos como el cohecho o el blanqueo
de capitales se instruye por la vía penal en base al artículo 262 del Código
Penal.
El viernes pasado la Udef detuvo a nueve personas, incluido al ex
delegado del Gobierno en Valencia, y practicó 13 registros, según informó
el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. La juez de guardia también
tomó declaración a un preso de la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Según
fuentes cercanas al caso, los agentes habrían encontrado documentación
reveladora sobre el modus operandi de la red, incluso más de la que esperaban.
Los delitos que se investigan son muy graves, de ahí que la Policía actuara
de oficio para evitar la destrucción de pruebas o salidas del país. El cohecho
es el delito que parece que más preocupa a Huerta o a Castellano. Ambos, en
varios comunicados emitidos en los últimos días, han puesto el foco sobre él en
relación a estos hechos, pero todo apunta a que al final será lo de menos.
EL TESTIGO, DE
DENUNCIANTE A QUERELLADO
La defensa de Francisco Antonio Alandí, el ex gerente de
Avialsa que destapó a la Fiscalía las trampas en el negocio del fuego, ha
pedido al juzgado que archive la querella que presentó Vicente Huerta contra su cliente por
un delito de estafa. Alandí, a través de su abogado, ha subrayado al juez que
«se han practicado ya las diligencias que resultan esenciales para una adecuada
formación de la convicción judicial, pudiéndose adoptar con fundamento la resolución
de archivo de la causa, por su manifiesta falta de relevancia penal».
56 comentarios
EL_CID
08/06/2015 09:02 horas
Están muy ocupados gastándose el dinero de los ciudadanos. Hinchando
presupuestos, pagando mordidas, amañando concursos, incumpliendo los contratos,
abaratando costes, echando a trabajadores, no reponiendo el material, etc.
Hacen todo lo posible para ahorrarse hasta el último céntimo en detrimento del
servicio y de los trabajadores. Incumpliendo los pliegos de condiciones y los
convenios colectivos. Son una lacra para la sociedad. La única forma de acabar
con esto es que éstos servicios debían ser públicos. Gestionados, administrados
y ejecutados por la propia administración sin que estos parásitos puedan
participar de ningún modo.
EL_CID
08/06/2015 08:42 horas
#59 #60 #61 A las empresas concesionarias de servicios
contra incendios NO les hace falta provocarlos. Perdonadme pero es una
insensatez. En España NO hace falta provocarlos. Todos los años se queman
nuestros bosques debido en su mayor grado a la temeridad de personas que queman
para limpiar sus fincas o restos de poda muy cerca del monte y se les
descontrola. No se puede quemar en épocas de peligro alto (mayo-octubre) a
menos de 400m del monte. Y fuera de este periodo en estos sitios hay que tomar
muchas precauciones (ausencia de viento, limpiar la zona próxima al monte y
quemar por puntos para tener un control sobre el fuego). También ocurren
accidentes, naturales o artificiales como las torres eléctricas. Y
desaprensivos que quieren hacer daño o pirómanos en menor número. Detesto a
estos corruptos tanto como vosotros pero ellos no provocan el fuego seguro.
Manuel
Gomez erlg
08/06/2015 01:36 horas
Y viendo los millones que mueven los incendios los vamos a dejar en manos
del destino?. Aquí tenemos el por qué de tanto incendio, y casualmente las
zonas mas castigadas son aquellas donde mas dinero se mueve. Si no arde las
dotaciones no se mueven, los hidro no consumen horas de vuelo, etc, etc.
EL_CID
07/06/2015 23:10 horas
Esto no es un caso aislado. Esto pasa en todas partes pero se ha destapado
en Valencia. Que revisen los concursos públicos sobre incendios de todas las
autonomías. Se van a llevar una sorpresa. Y no solo en incendios, este país
está podrido. No va a ser fácil extirpar el cáncer de la corrupción. Estos
servicios están subvencionados por la UE. Algo tendrán que decir al respecto y
depurar responsabilidades. Los servicios públicos deben ser públicos y no
negocietes chachis para amiguetes forrados. Hay que acabar con esta lacra
